Examinando por Autor "Cuadrado LLandan Cesar Teobaldo"

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    Desafíos del derecho internacional en América Latina en el siglo XXI
    (Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional, Administrativo y Comercial, 2026-08-31) Cuadrado LLandan Cesar Teobaldo
    En el siglo XXI, América Latina enfrenta múltiples desafíos en la implementación y efectividad del Derecho Internacional, especialmente en materia de derechos humanos. A pesar de que la mayoría de los Estados han ratificado tratados internacionales y reconocen la jurisdicción de tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, persiste un incumplimiento sistemático de obligaciones, reflejando en la aplicación deficiente de normas y la resistencia a cumplir sentencias vinculantes. Esta brecha genera vulneraciones estructurales y perpetúa la impunidad, debilitando la protección internacional de los derechos fundamentales (Cancado. Trindade, 2024; Ferrajoli, 2011). La violencia institucional y el abuso del poder estatal, manifestados en ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias, muestran la incapacidad del Derecho Internacional para prevenir de manera efectiva prácticas represivas. Asimismo, la desigualdad estructural, la concentración de riquezas y la exclusión social limitan la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, evidenciando que la normativa internacional no puede garantizar equidad sin políticas nacionales redistributivas (Piketty, 2014; CEPAL, 2023). Otros desafíos incluyen la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, la vulneración de los derechos de pueblos indígenas y comunidades ancestrales por proyectos extractivos sin consulta previa, y la crisis migratoria, que expone la falta de cooperación regional y la vulnerabilidad de personas en movilidad humana. En síntesis, el Derecho Internacional en América Latina enfrenta limitaciones estructurales, institucionales y políticas. Su efectividad depende no solo de normas y tribunales internaciones, sino también de la voluntad política, la independencia institucional y la implementación de políticas públicas que traduzcan los derechos reconocidos en protección real y equitativa.